El Poder Político De Los Sindicatos Públicos

El por qué es tan difícil reformar al ‘tiempo otorgado’

El sindicato de maestros del condado de Miami-Dade en el estado de la Florida ha gastado mucho tiempo y dinero para asegurar a la derrota electoral de Christi Fraga hacia el comité escolar regional.

Y los contribuyentes del distrito ayudaron en pagar la cuenta.

La razón es por una práctica que se llama el tiempo otorgado. Es lo que permite a integrantes del liderazgo sindical a recibir tiempo otorgado de sus trabajos públicos para dedicarse a proyectos sindicales mientras reciban sus remuneraciones y beneficios completos de parte de los contribuyentes. Una gran parte de ese tiempo se dedica al electoralismo para auxiliar a candidatos pro-sindicales que, entre otros esfuerzos, luchan para proteger a la práctica de tiempo otorgado durante periodos de renovación de contratos sindicales.

En esta ocasión, los esfuerzos sindicales no tuvieron éxito. Fraga triunfó fácilmente y ganó la elección de segunda vuelta en noviembre en contra un maestro de carrera respaldado por el sindicato.

Pero cómo demuestra la campaña floridense, y según aquellos quien han intentado reformar a la práctica por medio de su eliminación, su reducción o por medidas de mayor transparencia, el proteger al tiempo otorgado sindical ha vuelto un ciclo de autoperpetuación. El ciclo a que aluden ellos funciona así:

El dinero, la organización y el respaldo político sindicales son herramientas electorales poderosas, sobre todo en contiendas locales tal cómo en las elecciones para ayuntamientos y comités escolares donde la concurrencia es notoriamente baja. El tiempo otorgado sindical permite a los funcionarios sindicales que pasen sus días apoyando a sus candidatos favoritos. Ya que sus salarios están cubiertos por los contribuyentes, el dinero recaudado por las cuotas sindicales se aplica a otros esfuerzos incluyendo a más electoralismo.

Ya cuando aquellos candidatos pro-sindicales se encuentran en poder, es dudoso que traicionen a las organizaciones que los respaldaron en sus elecciones o que reduzcan la duración de los descansos sindicales de que gozan ellos mismos, dijo Greg Mourad, vicepresidente del Comité Nacional del Derecho a Trabajar, una organización con la misión de abrogar a leyes que obligan al pago de cuotas sindicales hasta por aquellos que ni son afiliados de sindicatos.

“Han elegido a sus jefes y sus jefes saben bien que triunfaron por medio de los recursos del sindicato,” dijo Mourad de los funcionarios políticamente influyentes. “Se encuentran en ambos lados de las negociaciones y, por lo tanto, negocian contratos absurdos.”

Entre aquellos políticos en deuda con los sindicatos, añadió Mourad, “Lo que menos quieren es la reducción de los recursos sindicales, ya no des más recursos públicos a los sindicatos. Están, básicamente, encauzando a dólares públicos por medio de un tercero para respaldar a sus propias campañas de reelección.”

En el caso de Fraga, sindicatos de empleados públicos contribuyeron 12,000 dólares a su oponente. Solamente son las contribuciones directas que, por ley, tienen que ser reveladas, dijo Fraga. Además, los sindicatos organizaron a bancos telefónicos, enviaron varios volantes por correo y hasta crearon videos en YouTube de parte de su oponente, dijo ella. Y, por supuesto, el respaldo del sindicato de maestros también trae carteles que indican que el candidato está “Respaldado por Maestros” para colocarlos en los letreros de campaña de sus candidatos favoritos.

En total, el valor aproximado de toda la actividad sindical en su contra valió más de 100,000 dólares, dijo ella en una entrevista poco antes de la elección de segunda vuelta. La mayoría de dichos recursos, incluyendo al tiempo otorgado sindical utilizado por funcionarios sindicales, jamás se reportan.

¿Entonces, cual es la recompensa que reciben los sindicatos por el respaldo sindical hacia los candidatos pro-sindicatos?

Para empezar, cómo parte de sus múltiples contratos laborales, los sindicatos del Distrito Escolar de Miami-Dade reciben más de 22,000 horas de tiempo otorgado sindical.

El distrito nunca reveló la cantidad de horas ni el costo de las horas utilizadas. Los funcionarios del sindicato que representa a los maestros del distrito, Maestros Unidos de Dade, no concedieron una entrevista.

“Ejercen una gran influencia en los resultados electorales locales e invierten mucho tanto en dinero que con tiempo para asegurar los triunfos de sus candidatos,” dijo Fraga de los sindicatos. “Es muy impactante cuando invierten en un puesto que controlan ellos. Así que ellos invierten mucho asegurando que estos puestos sean ganados por candidatos que estarán en deuda con lo que necesitan ellos, lo que van a pedir en sus contratos sindicales.”

Fraga no niega que los sindicatos están en su derecho cuando respaldan a candidatos políticos. Ni ha dicho que se debe eliminar al tiempo otorgado sindical. Pero si se permite la práctica, tiene que ser de una forma transparente con límites para evitar abusos.

“¿Está mal ética o moralmente?” preguntó ella. “A lo mejor, si, está mal. Si es algo que se permite, debe ser de una forma más transparente para que sepa la gente y que sea disponible para que entienda el público a dónde van los dólares de los contribuyentes. Es una lucha muy difícil de hacer.”

EL TIEMPO OTORGADO EN LOS ESTADOS UNIDOS

DEPARTAMENTOS CORRECCIONALES, MUNICIPIOS CAPITALINOS, Y LOS DISTRITOS ESCOLARES MÁS GRANDES

REVISA LOS DATOS

EXIGENCIAS DIFICILES

Difícil casi ni es la palabra.

Han realizado esfuerzos en varios estados para reducir o eliminar al tiempo otorgado durante los últimos años. Ninguno ha tenido éxito.

A la vez, varios estados han adoptado a políticas más pro-sindicatos que obligan a gobiernos locales, incluyendo a distritos escolares, a proveer horas de tiempo otorgado sindical.

El año pasado, el estado de Oregon aprobó una ley obligando a todos empleadores públicos a aprobar descansos pagados “razonables” para funcionarios sindicales. La legislación no da una definición de la terminología razonable, pero lo deja para que la negocia cada jurisdicción.

Antes de que se había aprobado la nueva ley, un análisis realizado por integrantes del personal legislativo provocó preocupaciones por la terminología mal definida y por qué las mismas dudas podrían llegar a ser problemáticas haciéndolo imposible pronosticar el costo.

“No está claro el cuanto ‘tiempo otorgado sindical’ exigirán los empleados públicos para realizar sus actividades sindicales,” destacó el análisis fiscal. “La legislación incluye una selección amplia de actividades de por qué se tiene que aprobar al tiempo otorgado pagado incluyendo a una categoría de ‘otras actividades. ´ Parece que no ha límite a la cantidad ni la frecuencia de ausencias pagadas obligatorias.”

La Legislatura del estado de California aprobó legislación semejante en el año 2019, pero fue vetada por el Gobernador Gavin Newsom, un Demócrata respaldado por los sindicatos, quien dijo que la definición del tiempo otorgado debe ser desarrollado en los convenios de contratos y no exigido por una ley estatal.

El estado de Virginia revocó una prohibición antigua de convenios colectivos con sindicatos de empleados públicos en el año 2020. La nueva ley, que estará vigente en el año 2021, no alude directamente al tiempo otorgado ni obliga a las jurisdicciones que lo proveen.

El estado de Nevada ha tenido una historia media confusa cuando se trata del tiempo otorgado remunerado. En el año 2015, se aprobó una nueva ley que obligó a los sindicatos cubrir los gastos de remuneración para el tiempo otorgado o comprobar que fue pagado a cambio de otra concesión negociada durante el convenio del contrato laboral.

La ley fue creada con buenas intenciones, pero, según el análisis del Instituto de Investigación de Política Pública del estado de Nevada (NPRI), una organización de defensa del libre mercado que opone al tiempo otorgado de empleados públicos, el intento fue ineficaz. La estipulación que permite al tiempo otorgado a cambio de otras concesiones negociadas en los convenios de los contratos laborales resultó en la irrelevancia de la ley ya que los sindicatos y gobiernos locales históricamente han hecho el argumento suficiente para justificar la práctica.

En el año 2019, la estipulación fue revocada completamente dejando a los gobiernos locales con la decisión de que tanto tiempo otorgado era correcto para sus sindicatos. Ese mismo año, el departamento policiaco del Condado de Clark, que incluye al municipio de Las Vegas, autorizó a su sindicato policiaco repartir más de 23,000 de tiempo otorgado con un costo aproximado de 2 millones de dólares, según el NPRI.

LAS LEALTADES EN CONFLICTO

El reformar al tiempo otorgado es tan difícil porque hay lealtades partidistas complejas, dijo el representante legislativo del estado de la Florida Jayer Williamson, un Republicano que, en el año 2019, propuso legislación para prohibir la práctica. Por lo menos, en el estado de la Florida, los Demócratas están más inclinados a apoyar a las prioridades de los sindicatos. Los Republicanos rara vez oponen a los sindicatos de la policía o de los bomberos quienes, por costumbre, son los más generosos con sus estipulaciones de tiempo otorgado. Entonces, Williamson dijo que su desafío es el organizar al apoyo legislativo, de parte de sus compañeros y el convencerlos que la medida no significa un ataque en contra la policía, los bomberos o los maestros. Fue un intento para asegurar que se estaba administrando los bienes de los contribuyentes para proteger a las comunidades y para educar a los jóvenes, no para aumentar los salarios de los afiliados del sindicato, dijo el.

“A veces es difícil hacer la distinción,” dijo Williamson. “Por lo tanto tuve que destacar a los miembros desconfiados que no estamos en contra los bomberos. No estamos en contra los maestros. No estamos en contra los de primeros auxilios. Simplemente estamos intentando de asegurar que los dólares que entregan los contribuyentes están siendo bien administrados y de la forma más eficiente y eficaz.”

Al momento en que había entregado su legislación, la oficina de Williamson se inundó de llamadas telefónicas y de correos electrónicos, la mayoría por simpatizantes sindicales quienes estaban en contra la medida. El convocó varias reuniones con funcionarios de sindicatos y realizó unos cambios reconociendo las preocupaciones.

Al fin de cuentas, sus esfuerzos no eran lo suficiente para rescatar la legislación que murió en un comité de la cámara inferior. En ese entonces, los Republicanos controlaron ambas cámaras legislativas y la gubernatura.

Williamson no volvió a introducir la legislación en la sesión legislativa del año 2020. Pero aún es optimista que podrá llevar a cabo unas reformas ya cuando el público entienda que se está gastando sus bienes públicos en los salarios de empleados públicos para que trabajen para sindicatos particulares. Lo más preocupante es la práctica de tiempo otorgado por tiempo completo donde los funcionarios sindicales reciben salarios y beneficios completos de sus empleadores mientras que se dedican completamente a trabajo sindical, dijo el.

“La esencia de la legislación era para capturar a esas cosas tan atroces, donde la gente está recibiendo 100% de sus salarios mientras que se dedican 100% de su tiempo en labores sindicales,” dijo el. “No creo que fuera lo correcto en ese entonces. No creo que sea lo correcto ahora mismo. Y se me hace difícil entender cómo se podría argumentar lo contrario.”

Una investigación publicada conjuntamente en el año 2018 por la Iniciativa Competitiva y el Instituto James Madison exponía que sólo en el condado Floridense de Miami-Dade que se había gastado más de 600,000 de dólares por año en salarios y beneficios para los empleados en tiempo otorgado por tiempo completo.

Había dos piezas de legislación que buscaron prohibir el tiempo otorgado remunerado por el gobierno que sufrieron al mismo destino en el estado de Michigan muriendo en los últimos días de la sesión legislativa del año 2018. Las medidas hubieran prohibido a los gobiernos locales en el conceder tiempo otorgado remunerado dispensando a la policía, los bomberos y a personal penitenciario.

No se aprobó a ninguna de las dos y, en 2019, la gubernatura en el estado de Michigan cambió manos de Republicanos a Demócratas, efectivamente terminando la posibilidad de aprobar a legislación de reforma de la práctica de tiempo otorgado.

En mayo del año 2018, el presidente Donald Trump promulgó una orden ejecutiva para reducir al tiempo otorgado de los afiliados de sindicatos federales por dos tercios. Los sindicatos que representaron a los empleados federales entregaron una demanda legal casi inmediatamente después de la promulgación.

EL LIMITAR A LO ‘RAZONABLE’

En mayo del año 2018, mientras las reformas habían fracasado al nivel estatal, el presidente Trump tomó medidas amplias para frenar al tiempo otorgado en el gobierno federal cuando promulgó una orden ejecutiva limitando la práctica.

La orden de Trump no significaba una prohibición de tiempo otorgado, práctica que está protegida por la ley federal que la define como “tiempo oficial.” Si cambió la interpretación de lo que se considera una cantidad “razonable”, la única limitación en la ley vigente. El efecto era la reducción del tiempo otorgado federal por aproximadamente dos tercios. La orden también prohibió el uso de tiempo otorgado para el cabildeo u otras actividades políticas y terminó al tiempo otorgado sindical por tiempo completo mientras obligando a todos empleados a dedicar no menos de tres cuartos de su tiempo cumpliendo con sus responsabilidades asignadas.

Los sindicatos que representaron a los empleados federales entregaron una demanda legal casi inmediatamente después de la promulgación. Efectivamente, amarró la implementación por más de un año.

En el año 2019, la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó la demanda de los sindicatos basado en razones jurisdiccionales. La Oficina Federal de Gestión de Personal posteriormente emitió direcciones obligándoles a implementar a las nuevas prácticas de tiempo otorgado según la orden presidencial.

En el año fiscal de 2019, las agencias federales aprobaron 2.6 millones de horas de tiempo oficial remunerado con un costo de 135 millones de dólares. Era una reducción de lo gastado en el año 2016, momento de la última actualización numérica, momento en que el gobierno federal había aprobado a 3.63 millones de horas con un costo de 177.2 millones de dólares.

Mourad del Comité Nacional del Derecho a Trabajar dijo que esperaba una revocación de la orden por el presidente-electo Joe Biden poco después de asumir a su cargo en enero. En realidad, es más probable que mande Biden a que sus agencias sean hasta más generosos que nunca con el tiempo otorgado, dijo el.

“Las industrias grandes le compraron la elección,” dijo Mourad. “Biden y la gran mayoría del resto de los Demócratas entienden muy bien que todo su partido ha sido comprado por las industrias grandes y ha forzado los pagos de cuotas sindicales obligatorios. Harán todo lo posible para repagar esa deuda por medio de la colección de tributos públicos.”

Se espera que, poco después de asumir su cargo en enero del año 2021, el presidente-electo, Joe Biden, revocará la orden ejecutiva de Trump que restringe al tiempo otorgado para afiliados de sindicatos federales.

GRANDES GASTADORES

Realmente no hubo ninguna desventaja para Trump cuando promulgó su orden ejecutiva limitando al tiempo otorgado, dijo Mourad. Los sindicatos de empleados públicos no apoyan a Trump o a Republicanos en general, así que hubo poco riesgo político.

Durante el ciclo electoral del año 2020, los sindicatos gastaron aproximadamente 188 millones de dólares en elecciones federales, según los datos hasta el 23 de octubre publicado por el Centro de Política Receptiva. La cantidad incluye aproximadamente 67.5 millones de dólares contribuidos directamente a candidatos y partidos políticos, con el resto aplicado a gastos públicos independientes con el fin de apoyar a sus candidatos favorecidos. De las contribuciones directas hacia los candidatos y partidos políticos, se entregó 87% a Demócratas.

Entre los sindicatos del sector público que representan a los trabajadores públicos federales, estatales y locales, hubo un total de aproximadamente 66 millones de dólares contribuidos con fines electoralistas federales. De los 18.1 millones de dólares en contribuciones directas a candidatos y partidos políticos, se entregó 89% a Demócratas.

No hay forma de calcular cuánto tiempo y recursos que hayan gastado los sindicatos de empleados públicos en contiendas estatales y locales para elegir a sus candidatos favorecidos. Según los datos más actuales calculados por el Departamento de Estadísticas de los Estados Unidos, de los aproximados 7 millones de trabajadores públicos estadounidenses que son afiliados de sindicatos, más de 6 millones de ellos trabajan por gobiernos estatales y locales.

Casi la mitad de los afiliados de sindicatos son empleados públicos. La tasa de afiliación sindical por empleados públicos es aproximadamente 33.6%, comparado con el 6.2% de aquellos del sector privado.

Contando con tales números, siempre estará difícil reformar al tiempo otorgado al nivel estatal o local, dijo Mourad. El hecho de que haya tantos gobiernos que lo permiten indica el nivel de poder político de los sindicatos de empleados públicos. Súmale el hecho que muchas jurisdicciones hasta pagan a los cabildos sindicales por medio de tiempo otorgado volviendo a los esfuerzos para reformar a la práctica hasta más difícil.

“Yo lo atribuyo principalmente al exceso de poder político que ejercen los sindicatos públicos,” dijo el. “Los políticos, en general, ya cuentan con un buen de controversia y no andan buscando hasta otra lucha.

“Cualquier otra organización particular en el país tiene que remunerar a su personal para realizar su propio trabajo. Los sindicatos no son el gobierno a pesar de sus esfuerzos para convencernos que si lo son. Y absolutamente deben de pagar a sus empleados a realizar su propio trabajo tal como tenemos que hacer todos nosotros.”

LA LIBRE EXPRESIÓN

Los contribuyentes no son los únicos financiando al tiempo otorgado. Los maestros, bomberos, elementos de la policía y otros empleados públicos que deciden no afiliarse a los sindicatos también están pagando la cuenta por medio de salarios y beneficios reducidos, según las justificaciones históricamente aplicadas por los sindicatos.

Ellos postulan que el costo del tiempo otorgado es parte del paquete de remuneración total con los beneficios negociado en los convenios de los contratos laborales. Así que aún que se elimina al tiempo otorgado, no habría ningún ahorro público por que lo gastarían en otras cosas tal cómo en aumentos de salarios para todos los empleados siendo afiliados sindicales o no.

Es problemático, dice Jonathan Riches, director nacional del litigio para el Instituto Goldwater, que ha hecho varias entregas de juicios enfrentando al tiempo otorgado por sindicatos de empleados públicos al nivel local incluyendo una demanda entregada en contra el municipio de Phoenix el año pasado.

En una decision en el año 2018 de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, Janus v. the American Federation of State, County and Municipal Employees, se sostuvo que el forzar a empleados públicos no afiliados con un sindicato a pagar cuotas sindicales y el obligarlos a financiar a una organización que no apoyan era una violación de sus derechos de la Primera Enmienda que garantían la libre expresión.

Es lo mismo con lo del tiempo otorgado, dijo Riches. Si un empleado público no afiliado con un sindicato está obligado a aceptar a salarios o beneficios reducidos para financiar al tiempo otorgado, es una violación de sus derechos a la libre expresión e, igual con las cuotas sindicales obligatorias, es inconstitucional.

“Si una agencia pública negocia al tiempo otorgado cómo parte de la ´remuneración completa´ para todos empleados, aunque sean afiliados con el sindicato o no, provoca un conflicto con la Primera Enmienda,” dice Riches. “La Suprema Corte de Justicia claramente ha dicho que no se debe obligar a ningún empleado público pagar por las actividades del sindicato en particular aquellas que no conforman con las creencias de dicho empleado. El designar a parte de la remuneración de un empleado no afiliado con un sindicato hacia actividades sindicales sin su permiso constituye un discurso forzado y es ilegal.”

Anotación: El Instituto Goldwater hizo una entrega de juicio en el año 2019 enfrentando a la práctica del tiempo otorgado en el municipio de Phoenix. El caso está por decidir.